Gonzalo Stierling Aguayo
Geógrafo Universidad Católica de Chile Creador de la Ciclovía Recreativa en Chile. Miembro y Encargado de Comunicaciones de la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas. Conferencista en Argentina, Perú, México, EEUU, Ecuador y Colombia. Creador de la intervención urbana “Más que un Número”
Producto del lamentable accidente donde la actriz Shlomit Baytelman fue embestida por un ciclista, se instaló el debate sobre la teórica necesidad o beneficio de que las bicicletas estén obligadas a utilizar placa patente.
Con seguridad, quienes apoyan esta medida buscan, en general, mejorar la seguridad en las calles; controlar las faltas a las normas de tránsito por parte de los ciclistas y, fundamentalmente, reducir los accidentes (siniestros) generados por estos. Lo anterior, en el entendido y supuesto que el poder ser identificables mediante una patente haría más prudentes a los ciclistas en su comportamiento en las calles y, que en caso de no serlo, sería posible individualizarlos y gracias a ello, eventualmente, multarlos y sancionarlos.
Todo esto, si bien parece lógico, razonable y positivo, en realidad, no lo es.
Hacer obligatoria las patentes en las bicicletas es una medida negativa y esto, fundamentalmente, por dos razones:
a) De manera muy similar a la discusión que desde hace años gira en torno a hacer obligatorio para los ciclistas el uso del casco, el estipular la obligatoriedad del uso de patente en las bicicletas se hace cargo solo de lo que se gana con esta medida, pero no de lo que se pierde.
Obligar a usar una patente en las bicicletas desincentiva el uso de este medio por parte de todos aquellos que no están dispuestos a darse el trabajo de realizar un trámite y gestión que hoy no se requiere.
Esto es válido aunque el trámite para obtener una patente pueda parecer irrelevante e insignificante para muchos, principalmente para los automovilistas, los cuales ya se acostumbraron y resignaron a gastar enormes cantidades de tiempo en renovación de permisos de circulación, revisiones técnicas, reparaciones, carga de gasolina y atochamientos.
El punto es que si el hacer obligatoria la patente conlleva a que una proporción de los ciclistas desista de andar en bicicleta, entonces lo que parecía una medida positiva pasa a ser, derechamente, una medida negativa y perjudicial pues representaría un desincentivo al uso de la bicicleta y una disminución de ciclistas en las calles, es decir, se produciría un retroceso en todo lo que esperamos (¡y necesitamos!) que sea la ciudad del futuro en materias de salud, medio ambiente, transporte y mucho más.
Más gente moviéndose en bicicleta es más actividad física, menos personas conduciendo automóviles, menos ruido y contaminación del aire, menos muertes en siniestros viales, más eficiencia en el uso del espacio, mejores relaciones humanas, más áreas verdes, más espacios de juego y recreación y, en definitiva, un etcétera prácticamente infinito de efectos positivos en casi todos los ámbitos imaginables. Con todos esos efectos favorables, definitivamente no vale la pena poner trabas (aunque parezcan menores) que pongan en riesgo que el uso de la bicicleta se masifique y expanda en todo su potencial.
Cerrando este tema, valga decir que no por nada, exceptuando Japón, no hay prácticamente país en el mundo -por las mismas razones expuestas-, que haya hecho obligatorio un sistema como el que ahora algunos proponen para Chile. Cuesta pensar que naciones avanzadas y que promueven el uso de la bicicleta, tales como Holanda, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Suecia, Suiza, etc y que, a la vez, tampoco descuidan la seguridad vial, estén todos equivocados, pues todos, hasta el día de hoy, han descartado la idea de ponerle patentes a las bicicletas.
b) Por otro lado, si estamos preocupados por las víctimas de siniestros en nuestras calles, no podemos distraernos en aspectos realmente marginales en esta materia, como serían las patentes para bicicletas. Considérese, por ejemplo, que en el año 2018 solo se reportaron 100 personas heridas por ciclistas y, en el mismo año, no hubo ni una sola persona que falleciera por culpa de un ciclista.
Alguno argumentará que la patente, entonces, serviría para que los ciclistas sean más prudentes y no sean ellos mismos las víctimas fatales en siniestros de tránsito que ellos provocan. Al respecto, no hay evidencia que los ciclistas irresponsables u osados se controlarían por tener una patente y, además, el tener una patente que permita identificar al infractor hoy no hace mayor diferencia, pues hoy los automovilistas cometen faltas por toneladas cada día a pesar de que sus vehículos tienen patentes y son perfectamente identificables.
Más aún, si la autoridad empezara realmente a fiscalizar las faltas a la Ley de Tránsito, su última prioridad debiera ser invertir su tiempo, recursos y personal en controlar ciclistas que cometen faltas cuando, al mismo tiempo, cientos de miles de automovilistas cometen faltas de tránsito que son infinitamente más graves y que actualmente quedan impunes a pesar de que tienen el claro potencial de causar muertes e invalidez de terceros.
Como sociedad no podemos permitir que lo accesorio nos distraiga de lo importante. No podemos darnos el lujo de preocuparnos que las bicicletas (que no matan a terceros) tengan patentes, cuando resulta que el 40% de los automovilistas sobrepasan los límites máximos de velocidad y, al mismo tiempo, se masifica el manejar mirando el celular, al punto de haber pasado esta conducta a ser la principal causal de los siniestros de tránsito, con su secuela de muertos y heridos, muchos de ellos víctimas inocentes.
Si real y sinceramente queremos tener menos fallecidos y heridos en nuestras calles, el enfoque es controlar y fiscalizar a los automovilistas en cuanto a: velocidad, manejo distraído, respeto de la señalización y manejo en estado de ebriedad.
Si, por el contrario, queremos hacer algo vistoso y efectista, pero que no tendrá impacto prácticamente en nada relevante, trabajemos por las patentes para bicicletas.